Cárcel y coronavirus: «Las personas presas siguen siendo las últimas»
Noticia publicada en drogomedia y a su vez extraída del diario de Zaragoza, redactada por: Irene Alconchel Ciria
28/04/2020 – 23:31h
Un mes y medio después de la declaración del estado de alarma, familiares, funcionarios y asociaciones de defensa de los derechos humanos denuncian dificultades en la comunicación con las personas presas y afirman tener miedo a que crezca el contagio
Pancartas de la marcha contra la macrocárcel de Zuera de 2019; la edición de este año,2020, de la andada reivindicativa estaba prevista para el pasado 19 de abril. JUAN MANZANARA / ZUERA
El Ministerio del Interior anunció el 15 de marzo, tras declararse el estado de alarma, la suspensión de las comunicaciones y visitas en las cárceles. Esta interrupción del contacto con el exterior generó desasosiego entre la población penitenciaria: perderían las visitas de los fines de semana y el dinero que sus familias les depositan cuando acuden a verlos. A ello se le sumó posteriormente el cierre de los talleres productivos y la creación de módulos especiales para aislar a los positivos por la COVID-19 y a los nuevos ingresos. Un mes y medio después, familiares, trabajadores y presos denuncian falta de comunicación, la ausencia de una hoja de ruta y «seguir siendo, de nuevo, los últimos».
Para paliar la restricción de las comunicaciones de las personas presas con el exterior, Instituciones Penitenciarias informó el 31 de marzo del envío de 205 teléfonos desde donde poder realizar videollamadas. Según denunciaron a principios de abril una serie de colectivos de derechos humanos -entre los que se encuentran la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Red Jurídica, el centro Iridia, Salhaketa o el Colectivo de apoyo a mujeres presas en Aragón (CAMPA)-, «en estos momentos hay 50.300 personas que se encuentran en centros penitenciarios dependientes de la Administración estatal lo que da una medida de un móvil por cada 246 personas. Es lamentable».
Esta medida -que en cárceles como la de Zuera todavía no se ha puesto en marcha, tal y como afirman familiares y trabajadores de este centro de la provincia de Zaragoza- fue acompañada del incremento de 10 a 15 del número de llamadas que cada semana pude hacer un interno. Para Ana (nombre ficticio por miedo a represalias) que cumplió condena en Zuera y tiene familia presa se trata de otro anuncio meramente estético: «Cada llamada de ocho minutos cuesta 2,5 euros, ¿cuántos presos pueden disponer de 150 euros al mes para hablar por teléfono?
Ana explica que, además de la dificultad de hablar con el exterior, las personas que como su hermano han entrado a prisión en pleno estado de alarma «están recibiendo una condena superior a la impuesta». «Tras ingresar, mi hermano estuvo encerrado hasta 49 horas en su celda. No ha podido disfrutar ni de 10 minutos de patio al día durante las dos semanas de aislamiento», indica. «Cuando escuchamos que la Organización Mundial de la Salud y el Consejo de Europa recomendaban a los estados que implantaran alternativas a la privación de libertad ante el crecimiento de la pandemia, creíamos que mi hermano no entraría a la cárcel, pues tiene una pena muy pequeña, pero no ha sido así, pese a ser una población vulnerable frente al coronavirus, seguimos siendo los últimos», reitera.
Clara, quien tampoco quiere dar su nombre real, relata una situación muy similar. Lleva una semana y media sin poder hablar con su pareja, que sufre de una lesión en dos vértebras que le causa fortísimos dolores. «Hace casi dos meses que no veo a mi novio y una semana y media sin saber nada de él. El 9 de abril realizó una solicitud para pasar a tercer grado urgente por la corta condena que tiene y el peligro de contagio por la COVID-19. Estamos esperando a que la junta de tratamiento se reúna y decida sobre su clasificación en grado», afirma. Instituciones penitenciarias declara que desde el decreto del estado de alarma se ha agilizado el control telemático: a finales de febrero había un total de 2.247 personas cumpliendo pena en esta modalidad y dos meses después, el 22 de abril, 5.082.
Las cárceles, «otro posible caldo de cultivo» para la COVID-19
Hasta la fecha, han fallecido con COVID-19 en todo el país un total de cinco personas relacionadas con penitenciarías: una interna de 78 años, un interno de 61 y tres funcionarios. Se han confirmado cerca de 300 positivos y en torno a un millar de personas se encuentran en observación médica o cuarentena, sumando en ambos casos a presos y trabajadores. Instituciones penitenciarias notificó a mediados de abril su intención de reabrir paulatina y progresivamente los talleres productivos.
«Actualmente, con la suspensión de las visitas y la entrada de monitores en Zuera los posibles contagiadores somos los funcionarios de prisiones. Podemos ser responsables, pero en nuestro trabajo muchas veces tenemos que intervenir y hay contacto físico», narra Mariano Sanz, funcionario de prisiones y delegado sindical de Acaip-UGT. Desde este sindicato critican la no existencia de una hoja de ruta y están solicitando que se realicen pruebas a todos los trabajadores de forma urgente.
«Nos hemos sentido abandonados. Somos un servicio esencial desabastecido y desatendido. Hasta principios de abril no llegaron las primeras mascarillas. Los trabajadores tenemos una mascarilla quirúrgica por turno (que pueden ser de 17 o 24 horas). Distintas oenengés nos han donado mascarillas. Se lo agradecemos. Pero no podemos depender de la caridad de una organización o de un grupo de personas», continúa relatando Mariano, quien finalmente sentencia: «Cuando vemos lo que pasa en las residencias nos vemos reflejados. Esto también es otro posible caldo de cultivo».
Trabajos de desinfección en la cárcel de Zuera a cargo de la Unidad Militar de Emergencias. DELEGACIÓN DEL GOBIERNO ARAGÓN
Según informan fuentes de Instituciones penitenciaras, «el reparto de material sanitario de protección se ha realizado a medida que se ha ido recibiendo, actualmente llevamos entregadas 305.000 mascarillas quirúrgicas, 65.400 FFP2, 2.000 FFP3 10.000 monos sanitarios y 100.000 guantes protectores. Cuando se reciba más material, se procederá a repartirlo de inmediato».
Derechos Civiles Zaragoza publicó a principios de abril la carta de la madre de un hombre que cumple condena en Zuera donde denunciaba lesiones, desatención médica y la imposibilidad de comunicarse con su abogada debido al estado de alarma. En la misiva, esta mujer asumía que en la situación difícil en la que nos encontramos, hay que tomar medidas drásticas, pero solicitaba no olvidar una vez más a las personas presas: «Deberían tenerlos un poquito más en cuenta y pensar que son seres humanos igual que todos. Que si han hecho cosas mal ya las están pagando. Pero en ningún momento debe permitirse la violación de derechos humanos fundamentales».
Preocupación por la paralización de la justicia
La Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Zaragoza (ALAZ) envió el 27 de abril un comunicado para mostrar su desacuerdo con las medidas propuestas por el Consejo General del Poder Judicial para mitigar los efectos entre colectivos vulnerables que acarreará la paralización de la justicia durante el estado de alarma. En concreto, este grupo de juristas hace especial énfasis en el punto que plantea la supresión del recurso de apelación contra determinados autos de los jueces de Vigilancia Penitenciaria resolviendo recursos contra la denegación de permisos y otras quejas, salvo afectación de derechos fundamentales.
Según expresan, esta medida lo que pretende es «aprovechar el estado de alarma para recortar derechos a las personas presas». Señalan que en la legislación penitenciaria, el permiso tiene como finalidad esencial la preparación para la vida en libertad y «pueden servir para otros fines tan importantes como el mantenimiento y fortalecimiento de los vínculos familiares y de amistades de las personas presas, para la búsqueda de puestos de trabajo, para acceder a un tercer grado, para el inicio de nuevas relaciones personales, en definitiva, para la atenuación de las consecuencias físicas y emocionales del encierro, y así hacer posible que la persona presa vuelva a ser parte de nuestra sociedad».
Para ALAZ, «la supresión del recurso de apelación en estos dos supuestos supone una reducción brutal de los derechos de las personas presas y en concreto de su derecho a la tutela judicial efectiva y en su vertiente de acceso a los recursos y en relación con el derecho a un proceso con todas las garantías» añadiendo que «solo las personas presas que cuenten con medios económicos podrán contratar abogadas para la formulación de sus recursos».