Cárcel y coronavirus: “Las personas presas siguen siendo las últimas”

Noticia publicada en drogomedia y  a su vez extraída del diario de Zaragoza, redactada por: Irene Alconchel Ciria  28/04/2020 – 23:31h   Un mes y medio después de la declaración del estado de alarma, familiares, funcionarios y asociaciones de defensa de los derechos humanos denuncian dificultades en la comunicación con las personas presas y afirman tener miedo a que crezca el contagio Pancartas de la marcha contra la macrocárcel de Zuera de 2019; la edición de este año,2020, de la andada reivindicativa estaba prevista para el pasado 19 de abril. JUAN MANZANARA / ZUERA El Ministerio del Interior anunció el 15 de marzo, tras declararse el estado de alarma, la suspensión de las comunicaciones y visitas en las cárceles. Esta interrupción del contacto con el exterior generó desasosiego entre la población penitenciaria: perderían las visitas de los fines de semana y el dinero que sus familias les depositan cuando acuden a verlos. A ello se le sumó posteriormente el cierre de los talleres productivos y la creación de módulos especiales para aislar a los positivos por la COVID-19 y a los nuevos ingresos. Un mes y medio después, familiares, trabajadores y presos denuncian falta de comunicación, la ausencia de una hoja de ruta y “seguir siendo, de nuevo, los últimos”. Para paliar la restricción de las comunicaciones de las personas presas con el exterior, Instituciones Penitenciarias informó el 31 de marzo del envío de 205 teléfonos desde donde poder realizar videollamadas. Según denunciaron a principios de abril una serie de colectivos de derechos humanos -entre los que se encuentran la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Red Jurídica, el centro Iridia, Salhaketa o el Colectivo de apoyo a mujeres presas en Aragón (CAMPA)-, “en estos momentos hay 50.300 personas que se encuentran en centros penitenciarios dependientes de la Administración estatal lo que da una medida de un móvil por cada 246 personas. Es lamentable”. Esta medida -que en cárceles como la de Zuera todavía no se ha puesto en marcha, tal y como afirman familiares y trabajadores de este centro de la provincia de Zaragoza- fue acompañada del incremento de 10 a 15 del número de llamadas que cada semana pude hacer un interno. Para Ana (nombre ficticio por miedo a represalias) que cumplió condena en Zuera y tiene familia presa se trata de otro anuncio meramente estético: “Cada llamada de ocho minutos cuesta 2,5 euros, ¿cuántos presos pueden disponer de 150 euros al mes para hablar por teléfono? Ana explica que, además de la dificultad de hablar con el exterior, las personas que como su hermano han entrado a prisión en pleno estado de alarma “están recibiendo una condena superior a la impuesta”. “Tras ingresar, mi hermano...

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